Difusión de vídeos origina juicios a priori e irregularidades legales

Crédito de imágenes: AVN
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En un lapso de ocho días, se difundieron en televisión nacional cuatro vídeos que vinculan a tres jóvenes de la oposición venezolana con la presunta comisión de actos de violencia y terrorismo.

En los audiovisuales, los cabecillas de la organización Operación Libertad, Lorent Gómez Saleh, Gabriel Valles y Jhosman Paredes, conversan con un interlocutor no identificado sobre compra y utilización de armas de fuego, destrucción de infraestructuras y hasta planes de homicidios en Táchira.

El propio ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ha promovido la difusión de estos vídeos en una entrevista televisada y dos ruedas de prensa, en las que abogó por la intención de “llamar a la reflexión” sobre el tema al pueblo venezolano.

Sin embargo, al estudiar el marco jurídico de estas transmisiones, abogados especializados en el área penal coinciden en que la publicación de materiales de este tipo, aún bajo la bandera de la concientización, pueden generar irregularidades en los procesos legales.

Privacidad preventiva

En atención a la tendencia, ya común en Venezuela, de hacer públicos vídeos o audios potencialmente incriminatorios, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Luis Modolell, declaró a Globovision.com que estos actos estarían al margen del marco legal si el material fuera considerado como evidencia en el caso.

Explica que el Código Orgánico Procesal Penal venezolano contempla que las pruebas obtenidas en la investigación de una causa abierta no deben ser divulgadas, sino que deben permanecer únicamente en las manos de las partes involucradas.

El penalista detalla que esta legislación pretende evitar que en la opinión pública se gesten juicios a priori que puedan influenciar o presionar las decisiones de los investigadores o del juez, así como dar oportunidad a los implicados a tener una defensa equilibrada.

“Aunque finalmente la persona pueda ser determinada culpable de lo que se le acuse, lo que se busca en la Ley es la transparencia durante el proceso. Cuando se genera una matriz como la que ha gestado el Gobierno en el caso de Saleh, se condiciona la imparcialidad en las causas; y más cuando quienes la respaldan son los principales rostros del poder nacional”.

Derechos y poderes

En atención a los métodos, el abogado del Foro Penal Gonzalo Himiob admite que es responsabilidad de las autoridades de seguridad informar al país sobre las detenciones que practiquen o las amenazas que reciba la paz nacional.

Sin embargo, delimita que el acceso a las pruebas y la potencial difusión televisiva de comunicaciones privadas “son acciones que no le están autorizadas a ningún ministro en la Ley. En cuanto algo se transforma en evidencia, debe estar al resguardo del poder judicial, no del poder ejecutivo”.

Pruebas por verificar

El abogado que defendió a Saleh cuando su causa estuvo en Táchira, Omar Silva, reclama que los vídeos que fueron divulgados presentan cortes de fragmentos de audio y un círculo oscuro en torno a los rostros, por lo que asegura que no los tomará como reales hasta que se tenga acceso a las versiones sin editar.

Entre tanto, Pedro Carvajalino, conductor del programa de VTV Zurda Conducta, en el que se difundió el primer material, declaró que los audiovisuales fueron enviados por miembros de su audiencia e insistió en que está seguro de su autenticidad: “Es un vídeo de Skype, no tiene ningún pele, no es una voz que se puede montar”.

En todo caso, el decano de Derecho de la Ucab recuerda que es responsabilidad de la Fiscalía venezolana determinar la veracidad, así como evaluar el modo en el que fueron obtenidos los vídeos.

De acuerdo con Modolell, en caso de que la obtención del material no haya contado con una orden judicial que autorizara la interrupción de las comunicaciones privadas de los implicados, los vídeos no tendrían validez para el proceso de juicio, aun cuando su contenido fuera cierto. En efecto, durante la celebración del Día de la Paz, el ministro Rodríguez Torres anunció que el material estaba siendo “investigado y revisado”.

Entre tanto, y con pleno debate abierto, se espera la difusión de otros tres vídeos para completar el total de siete audiovisuales que fueron prometidos por el ministro. En los próximos, sentenció en su última rueda de prensa, se “destaca el acercamiento (de los jóvenes) con las mafias colombianas ligadas al paramilitarismo”.

A continuación se ofrece una infografía interactiva con detalles sobre el caso de los cabecillas de Operación Libertad:


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