¿Cuál es la salida?

La vía hacia el progreso de cualquier país del mundo está en su respectiva Constitución Nacional. No hay que estar inventando, ni pretextar simulaciones para esquivar el verdadero argumento que nos permite defender el camino a seguir para no perdernos en refriegas que solo oscurezcan la ruta, y que es hora de tomar definitivamente.

Si Maduro cumpliera la Constitución, si la respetara, si la acatara, no estaríamos en medio de esta crisis institucional, que se origina cuando los que tienen la responsabilidad primaria de dar el ejemplo, observando las leyes vigentes de la República, lo que hacen es pisotearlas y utilizarlas como mejor les venga en gana.

Esa es la verdadera e inocultable razón o causa principal de los problemas que tenemos en el país. Querer imponer un modelo de gobierno que contraría el espíritu democrático de los venezolanos, se convierte en motivación con suficiente combustible para encender las protestas que están en plenas calles del país.

Si usted amigo lector, todavía no sabe dónde estamos parados con relación a la búsqueda de la salida al desbarajuste que vivimos los venezolanos, pues bien vea la historia reciente y encontrará que los problemas económicos -devaluación, inflación, déficit fiscal, deuda externa, etc.- se agudizan cuando el gobierno hace lo que se le ocurre, aplicando cuanto plan le pasa por la cabeza, sin reparar en el daño que todos esos “inventos” van a derivar en males que a la postre, termina pagando el ciudadano de a pie.

Como ejemplo, muestro lo que han hecho con el Banco Central de Venezuela, venido a menos como una “caja chica” del gobierno. O miremos lo que ha quedado de Pdvsa, una empresa de prestigio internacional, reducida a un aparato “rojo, rojito” que produce menos petróleo, con una nómina casi cuadruplicada, si la comparamos con el número de trabajadores que tenía para finales de 1998.

Vale la pena entonces explicar, que la falta de separación de poderes no es un mero o simple discurso oposicionista, como lo repiten pragmáticamente los operadores del oficialismo. Tampoco es una bandera de lucha que se iza para defender las alcaldías o gobernaciones en manos de líderes de la alternativa democrática, o la inmunidad arrebatada a parlamentarios como Richard Mardo, Wilmer Azuaje, o la manera irregular como desaforaron a las diputadas María Mercedes Aranguren y a María Corina Machado.

¡No! La ausencia de separación de poderes afecta directamente nuestra seguridad, porque se politizan las policías; afecta nuestro salario porque se desfasan los organismos que deben ser preservados para impulsar sanas y claras políticas públicas que eviten devaluaciones e inflación.

Pero algo fundamental para que un país se abra camino al desarrollo en todos los órdenes es la seguridad jurídica. No la tendremos mientras instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional y el Ministerio Público, sean elementales herramientas postradas a la “revolución”.

Por Antonio Ledezma

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