Piden en Uruguay mejorar acceso de mujeres al aborto legal

Crédito de imágenes: Corbis
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Cerca de una decena de organizaciones sociales uruguayas pidieron mejorar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto celebrado el 28 de septiembre y tras casi tres años de vigencia de la ley que lo implementó en el país.

La objeción de conciencia de los ginecólogos que están en contra de la práctica interfiere, según las organizaciones, en la aplicación de la ley de IVE, que desde finales de 2012 permite a las uruguayas interrumpir su embarazo de hasta 12 semanas o 14, en casos de violación.

“El abuso del recurso de objeción de conciencia por un alto porcentaje de profesionales de la ginecología, además de ser inexplicable en un Estado laico, se convierte en uno de los principales obstáculos para el acceso a los servicios”, remarcó uno de los mensajes emitidos por ocasión del 28 de Septiembre.

La fecha fue establecida en 1990 como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe “ante la injusta situación de la práctica ilegal y clandestina del aborto, responsable de una alta mortalidad de mujeres”, explicó un comunicado de la ONG Mujer y Salud Uruguay (Mysu) y la central sindical del país, PIT- CNT.

En otro texto firmado por varios colectivos en defensa de los derechos humanos, se advirtió de la “falta de personal e infraestructura necesaria para la adecuada implementación del procedimiento en todo el territorio nacional”.

Hay localidades del interior del país donde todos los ginecólogos han objetado conciencia, por lo que las mujeres que solicitan la IVE en esos lugares tienen que “trasladarse kilómetros para que se les recete la medicación con la que luego abortarán en su casa”.

Dicho escenario también hace que esas mujeres sean más vulnerables frente a una posible necesidad de recurrir a la emergencia en los centros de salud donde solo hay ginecólogos objetores.

De acuerdo con quejas recibidas en una línea de atención brindada por el grupo Mujeres en el Horno, se han constatado maltratos por parte de médicos y otros funcionarios a las pacientes que deciden interrumpir su embarazo amparadas por la ley.

“Falta de confidencialidad, juicio moral sobre la decisión de la mujer (y) hostigamiento durante la realización de ecografías”, están entre los relatos registrados.

El pasado agosto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de Uruguay falló a favor de que los ginecólogos del país aleguen la objeción de conciencia para negarse a participar en cualquier consulta relacionada a la solicitud del aborto, no solamente en el acto médico para concretarlo, conforme pretendía la reglamentación de la ley.

Desde entonces, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac) busca junto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) una forma de permitir que los médicos de familia suplan a los profesionales objetores.

“Nos reunimos con el Ministerio para compartir la preocupación y evaluar alternativas para garantizar los derechos de las mujeres. Formamos un grupo de trabajo encargado de redactar una recomendación para que un médico de familia pueda acompañar a la mujer en el proceso”, contó a Efe la presidenta de Sumefac, Jacqueline Ponzo.

Otro reclamo de las organizaciones se refiere al hecho de que si bien se ha aprobado una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, el Código Penal uruguayo continúa previendo el delito del aborto, lo que, según argumentan las mismas, “mantiene el estigma sobre su práctica y quienes la realizan”.

En América Latina y el Caribe, la posibilidad legal de que la mujer aborte voluntariamente solo existe en la capital mexicana, en Cuba, Guyana y Puerto Rico, además de en Uruguay.

El Parlamento chileno analiza actualmente un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando haya riesgo para la vida de la madre y en casos de inviabilidad del feto y violación.

Junto con El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, Chile compone la lista de países latinoamericanos que lo prohíben en todas las circunstancias, o que carecen de una excepción legal para salvar la vida de la mujer embarazada.

Fuente: EFE

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